Leyes desde 1992 – Vigencia expresa y control de constitucionalidad LEY_1564_2012_PR014

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ARTÍCULO 579. PROCEDIMIENTO. Para el trámite del proceso se aplicarán las siguientes reglas:


1. Presentada la demanda el togado ordenará las citaciones y publicaciones a que hubiere puesto y la notificación al agente del Empleo Público en los procesos relacionados en los numerales 1 a 8 del artículo 577 y en los casos que expresamente señale la ley.


2. Cumplido lo preliminar el árbitro decretará las pruebas que considere necesarias y convocará a audiencia para practicarlas y proferir sentencia.


3. Cuando a causa de la sentencia se requiera posterior intervención del magistrado, este dispondrá lo que estime conveniente para el cumplimiento rápido y eficaz.


ARTÍCULO 580. Enseres DE LA SENTENCIA. Las declaraciones que se hagan y las autorizaciones que se concedan producirán sus mercancía mientras no sean modificadas o sustituidas por otra sentencia, en proceso posterior, si ello fuere posible.


ARTÍCULO 581. LICENCIAS O AUTORIZACIONES. En la solicitud de atrevimiento para asonada de patrimonio de tribu inembargable o para enajenación de acervo de incapaces, deberá justificarse la privación y expresarse la destinación del producto, en su caso.


Cuando se concedan licencias o autorizaciones, en la sentencia se fijará el término interiormente del cual deban utilizarse, que no podrá exceder de seis (6) meses, y una vez vencido se entenderán extinguidas.


Cuando se concedan licencias para enajenar haberes de incapaces, la enajenación no se hará en pública subasta, pero el mediador tomará las medidas que estime convenientes para proteger el patrimonio del incapaz.


ARTÍCULO 582. Registro DEL GUARDADOR Custodio Y POSESIÓN DEL CARGO. En los procesos para el registro de guardador gerente y posesión del cargo, se observarán las siguientes reglas.


1. Cuando el guardador solicite directamente que se le dé posesión del cargo, deberá acompañar a la demanda copia del testamento, la partida de defunción del testador y la prueba de la incapacidad del pupilo y cuando fuere el caso, de que no se halla bajo estado potestad. Si la prueba es suficiente, se prescindirá del término probatorio y se pronunciará la sentencia que lo reconozca, en el cual se le señalará caución en los casos previstos y término para presentarla.


2. Prestada la caución, el magistrado fijará la hora y data para entregar al guardador los intereses del pupilo por inventario, en el que se incluirán las cosas que, bajo denuesto, denuncie el solicitante. A la entrega se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 87 de la ley 1306 de 2009.


3. El beocio adulto podrá pedir que se requiera al guardador para que manifieste si acepta el cargo y así lo ordenará el Árbitro y le señalará el término legítimo establecido para esa manifestación. Si el guardador presenta internamente de dicho término excusa o alega inhabilidad, se tramitará incidente, con la intervención del Profesión Público.


Si el guardador acepta el cargo, se procederá como indican los numerales anteriores.


ARTÍCULO 583. DECLARACIÓN DE Marcha. Para la declaración de abandono de una persona se observarán las siguientes reglas:


1. En la demanda deberá hacerse una relación de los beneficios y deudas del carente.


2. En el automóvil admisorio, el mediador designará administrador provisorio, quien una vez posesionado admitirá la administración de los acervo. Igualmente, ordenará hacer una publicación un (1) día domingo en uno de los periódicos de anciano circulación en la renta de la República, y en un periódico de amplia circulación en el último domicilio conocido del falto y en una radiodifusora con sintonía en ese sitio, que contenga:


a) La identificación de la persona cuya declaración de partida se persigue, el empleo de su último domicilio conocido y el nombre de la parte demandante.


b) La prevención a quienes tengan telediario del absorto para que lo informen al judicatura.


3. Recibidas noticiero sobre el paradero del falto, el árbitro hará las averiguaciones que estime necesarias a fin de esclarecer el hecho, para lo cual invertirá todos los medios de información que considere convenientes. En caso contrario designará curador ad litem al distante.


4. Cumplidos los trámites anteriores el mediador convocará a audiencia en la que practicará las pruebas necesarias y dictará sentencia. Si esta fuere dispuesto a lo pedido, en ella nombrará administrador legítimo o dativo. A esta administración se aplicará lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo precedente y, en lo pertinente, las normas sobre administración de beneficios previstas en la Ley 1306 de 2009.


5. Se decretará la terminación de la administración de caudal del carente en los casos del artículo 115. numeral 5, de la Ley 1306 de 2009. La solicitud podrá formularla cualquier interesado o el Ocupación Público. Cuando haya oportunidad a la entrega de fondos, el árbitro la efectuará.


ARTÍCULO 584. PRESUNCIÓN DE Homicidio POR DESAPARECIMIENTO. Para la declaración de crimen presuntiva de una persona, se observarán las siguientes reglas:


1. El togado dará cumplimiento a lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo susodicho, en lo que fuere pertinente, con sujeción al numeral 2 del artículo 97 del Código Civil, a excepción de lo relativo a la publicación en el Diario Oficial.


2. Si en la sentencia se declara la homicidio presunta del desaparecido, en ella se fijará la plazo presuntiva en que ocurrió, con arreglo a las disposiciones del Código Civil, ordenará transcribir lo resuelto al funcionario del estado civil del mismo circunscripción para que extienda el folio de defunción, y dispondrá que se publique el encabezamiento y parte resolutiva de la sentencia, una vez ejecutoriada, en la forma prevista en el numeral 2 del artículo precedente.


3. Efectuada la publicación de la sentencia, podrá promoverse por separado el proceso de sucesión del causante y la liquidación de la sociedad conyugal, pero la sentencia aprobatoria de la partición o adjudicación que en él se dicte podrá rescindirse en atención de las personas indicadas en el artículo 108 del Código Civil, si promueven el respectivo proceso verbal adentro de los diez (10) años siguientes a la época de dicha publicación.


En la sentencia del proceso verbal, si fuere el caso, se decretará la restitución de fondos en el estado en que se encuentren; pero si se hubieren enajenado se arriesgarseá de conformidad con la ley sustancial.


ARTÍCULO 585. DEMANDA PARA TRÁMITE SIMULTÁNEO DE DECLARACIÓN DE Partida Y DE Homicidio POR DESAPARECIMIENTO. Podrá pedirse en la misma demanda, que se haga la declaración de abandono y luego la de homicidio por desaparecimiento, y en tal caso los trámites correspondientes se sobrepasarán en cuadernos separados, sin que interfieran entre sí, y las solicitudes se resolverán con distintas sentencias.


1. A la demanda se acompañará un certificado de un médico psiquiatra o neurólogo sobre el estado del supuesto interdicto.


2. No será necesario probar el interés del demandante para promover el proceso, e incluso podrá promoverlo el Mediador de Oficio.


3. En el automóvil admisorio de la demanda se ordenará emplazar, en los términos previstos en este código, a quienes se crean con derecho al entrenamiento de la protector y se ordenará el informe médico neurológico o psiquiátrico sobre el estado del paciente.


4. En el parecer médico neurológico o psiquiátrico se deberá consignar:


a) Las manifestaciones características del estado contemporáneo del paciente.


b) La etiología, el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad, con indicación de sus consecuencias en la capacidad del paciente para tener la llave de la despensa sus haberes y disponer de ellos, y


c) El tratamiento conveniente para procurar la mejoría del paciente.


5. Realizada la citación, se decretarán las pruebas necesarias y se convocará a audiencia para inquirir al perito y para practicar las demás decretadas, luego de lo cual el magistrado dictará sentencia y si decreta la interdicción en aquella hará la provisión del guardador albacea, legítimo o dativo conforme a lo preceptuado en el Código Civil. En la misma sentencia ordenará la confección, en un plazo que no excederá de treinta (30) días, del inventario y avalúo de los acervo de la persona con discapacidad mental absoluta por un auxiliar de la razón, incólume cuando no haya acervo, con cargo al patrimonio de la persona con discapacidad mental o por el Instituto Colombiano de Bienestar Descendiente cuando la persona con discapacidad no tenga fortuna suficientes para ello. Recibido y apto el inventario, el magistrado fijará la garantía y una vez otorgada esta, se dará posesión al guardador y se hará entrega de los posesiones inventariados.


Efectuada la posesión, se entregarán los ingresos al guardador conforme al inventario realizado según lo previsto en el artículo 44 de la Ley 1306 de 2009, en diligencia en la cual asistirá el Enjuiciador o un comisionado suyo y el perito que participó en la confección del mismo. El guardador podrá presentar las objeciones que estime convenientes al inventario, adentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los posesiones, con las pruebas que sustenten su dicho, y estas objeciones se resolverán mediante incidente. Permitido el inventario, se suscribirá por el guardador y el enjuiciador; una copia del mismo se depositará en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para su conservación y la inscripción relativa a los acervo sujetos a registro.


La marcha del perito no impedirá la diligencia de entrega, pero lo hará responsable de los daños que aquella ocasione.


6. En el curso de la primera instancia se podrá decretar la interdicción provisoria del discapacitado mental categórico, de conformidad con lo dispuesto en la ley, teniendo en cuenta el certificado médico acompañado a la demanda. En el automóvil que decrete esta medida se designará el curador provisorio.


También se podrán decretar las medidas de protección personal de quien se encuentre con discapacidad mental que el Sentenciador considere necesarias, incluyendo las medidas terapéuticas que se estimen convenientes.


Los autos a que se refiere el presente numeral son apelables en el huella devolutivo si en ellos se accede a tales medidas y en el diferido si las niegan.


7. Los decretos de interdicción provisoria y definitiva deberán inscribirse en la Oficina de Registro del Estado Civil y notificarse al público por aviso que se insertará una vez por lo menos en un diario de amplia circulación doméstico, señveloz por el Enjuiciador.


8. La posesión, las excusas o la incapacidad del guardador se regirán por lo dispuesto en la Ley 1306 de 2009.


ARTÍCULO 587. REHABILITACIÓN DEL INTERDICTO. Para la rehabilitación de la persona con discapacidad mental, se aplicará el procedimiento de la interdicción, sin que haya circunstancia a la citación de posibles interesados.


MEDIDAS CAUTELARES Y CAUCIONES.


ARTÍCULO 588. PRONUNCIAMIENTO Y COMUNICACIÓN SOBRE MEDIDAS CAUTELARES. Cuando la solicitud de medidas cautelares se haga por fuera de audiencia, el árbitro resolverá, a más tardar, al día posterior del reparto o a la presentación de la solicitud.


Tratándose de incautación o de inscripción de demanda sobre riqueza sometidos a registro el sentenciador la comunicará al registrador por el medio más expedito.


De la misma guisa se comunicará el decreto de medidas cautelares a quien deba cumplir la orden.


ARTÍCULO 589. MEDIDAS CAUTELARES EN LA PRÁCTICA DE PRUEBAS EXTRAPROCESALES. En los asuntos relacionados con violaciones a la propiedad intelectual, la competencia desleal y en los demás en que expresamente una ley exclusivo permita la práctica de medidas cautelares extraprocesales, estas podrán solicitarse, decretarse y practicarse en el curso de una prueba extraprocesal.


El mediador las decretará cuando el peticionario acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha ley.


Si para la práctica de la medida cautelar la ley exige prestar caución, el togado inmediatamente fijará su monto y esta deberá prestarse después de la diligencia en el término que el enjuiciador indique, que no podrá exceder del establecido por la ley para la iniciación del respectivo proceso. Si la caución no se constituye oportunamente, el solicitante deberá enriquecer los daños y perjuicios que se hubieren causado, multa de hasta cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv), y la medida cautelar se establecerá. Mientras no sea prestada la caución, el solicitante no podrá desistir de la medida cautelar, aparte que el perjudicado con la misma lo acepte.


PARÁGRAFO. Las pruebas extraprocesales y las medidas cautelares extraprocesales practicadas frente a quien ejerce funciones jurisdiccionales podrán hacerse regir delante cualquier otra autoridad o particular con funciones jurisdiccionales.


ARTÍCULO 590. MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS DECLARATIVOS. En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares:


1. Desde la presentación de la demanda, a petición del demandante, el enjuiciador podrá decretar las siguientes medidas cautelares:


a) La inscripción de la demanda sobre fortuna sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda hallarse sobre dominio u otro derecho efectivo principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de capital.


Si la sentencia de primera instancia es oportuno al demandante, a petición de este el togado ordenará el secuestro de los capital objeto del proceso.


b) La inscripción de la demanda sobre acervo sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando en el proceso se persiga el plazo de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual.


Si la sentencia de primera instancia es conveniente al demandante, a petición de este el magistrado ordenará el retención y secuestro de los capital afectados con la inscripción de la demanda, y de los que se denuncien como de propiedad del demandado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquella.


El demandado podrá impedir la práctica de las medidas cautelares a que se refiere este textual o solicitar que se levanten, si presta caución por el valía de las pretensiones para avalar el cumplimiento de la eventual sentencia conveniente al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. También podrá solicitar que se sustituyan por otras cautelas que ofrezcan suficiente seguridad.


c) Cualquiera otra medida que el togado encuentre justo para la protección del derecho objeto del recurso, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, predisponer daños, hacer cesar los que se hubieren causado o apoyar la efectividad de la pretensión.


Para decretar la medida cautelar el sentenciador apreciará la legitimación o interés para proceder de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.


Así mismo, el mediador tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la exigencia, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente, podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El mediador establecerá su envergadura, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.


Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el demandado podrá impedir su práctica o solicitar su algarada o modificación mediante la prestación de una caución para asegurar el cumplimiento de la eventual sentencia dispuesto al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. No podrá prestarse caución cuando las medidas cautelares no estén relacionadas con pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el equivocación.


2. Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deberá prestar caución equivalente al vigésimo por ciento (20%) del valencia de las pretensiones estimadas en la demanda, para replicar por las costas y perjuicios derivados de su práctica. Sin confiscación, el sentenciador, de oficio o a petición de parte, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere mediano, o fijar uno superior al momento de decretar la medida. No será necesario prestar caución para la práctica de embargos y secuestros después de la sentencia dispuesto de primera instancia.


PARÁGRAFO PRIMERO. En todo proceso y frente a cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares se podrá comparecer directamente al árbitro, sin carencia de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.


PARÁGRAFO SEGUNDO. Las medidas cautelares previstas en los literales b) y c) del numeral 1 de este artículo se erguirán si el demandante no promueve ejecución internamente del término a que se refiere el artículo 306 .


ARTÍCULO 591. INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA. Para la inscripción de la demanda remitirá comunicación a la autoridad competente de arrostrar el registro haciéndole memorizar quiénes son las partes en el proceso, el objeto de este, el nombre, nomenclatura, situación de dichos ingresos y el folio de matrícula o datos del registro si aquella no existiere. El registrador se abstendrá de inscribir la demanda si el admisiblemente no pertenece al demandado.


El registro de la demanda no pone los posesiones fuera del comercio pero quien los adquiera con posterioridad estará sujeto a los enseres de la sentencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 303. Si sobre aquellos se constituyen luego gravámenes reales o se limita el dominio, tales artículos se extenderán a los titulares de los derechos correspondientes.


La vigencia del registro de otra demanda o de un incautación no impedirá el de una demanda posterior, ni el de una demanda el de un confiscación posterior.


Si la sentencia fuere conveniente al demandante, en ella se ordenará su registro y la cancelación de las anotaciones de las transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones al dominio efectuados después de la inscripción de la demanda, si los hubiere; cumplido lo mencionado, se suspenderá el registro de esta, sin que se afecte el registro de otras demandas. Si en la sentencia se omitiere la orden preliminar, de oficio o a petición de parte, la dará el mediador por utilitario que no tendrá capital y se comunicará por oficio al registrador.


ARTÍCULO 592. INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA EN OTROS PROCESOS. En los procesos de pertenencia, deslinde y amojonamiento, servidumbres, expropiaciones y división de fondos comunes, el mediador ordenará de oficio la inscripción de la demanda antiguamente de la notificación del utilitario admisorio al demandado. Una vez inscrita, el oficio se remitirá por el registrador al togado, adyacente con un certificado sobre la situación jurídica del perfectamente.


ARTÍCULO 593. EMBARGOS. Para efectuar embargos se procederá así:


1. El de posesiones sujetos a registro se comunicará a la autoridad competente de sufrir el registro con los datos necesarios para la inscripción: si aquellos pertenecieren al afectado con la medida, lo inscribirá y expedirá a costa del solicitante un certificado sobre su situación jurídica en un período equivalente a diez (10) años, si fuere posible. Una vez inscrito el incautación, el certificado sobre la situación jurídica del perfectamente se remitirá por el registrador directamente al togado.


Si algún admisiblemente no pertenece al afectado, el registrador se abstendrá de inscribir el secuestro y lo comunicará al togado; si lo registra, este de oficio o a petición de parte ordenará la cancelación del incautación. Cuando el perfectamente esté siendo perseguido para hacer efectiva la garantía positivo, deberá aplicarse lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 468 .


2. El de los derechos que por razón de mejoras o cosechas tenga una persona que ocupa un predio de propiedad de otra, se perfeccionará previniendo a aquella y al obligado al respectivo suscripción, que se entiendan con el secuestre para todo lo relacionado con las mejoras y sus productos o beneficios.


Para el confiscación de mejoras plantadas por una persona en terrenos baldíos, se informará a esta para que se abstenga de enajenarlas o gravarlas.


3. El de posesiones muebles no sujetos a registro y el de la posesión sobre intereses muebles o inmuebles se consumará mediante el secuestro de estos, excepto en los casos contemplados en los numerales siguientes.


4. El de un crédito u otro derecho similar se perfeccionará con la notificación al deudor mediante entrega del correspondiente oficio, en el que se le prevendrá que para hacer el plazo deberá constituir certificado de depósito a órdenes del auditoría. Si el deudor se negare a firmar el recibo del oficio, lo hará por él cualquiera persona que presencie el hecho.


Al cobrar el deudor la notificación deberá informar acerca de la existencia del crédito, de cuándo se hace exigible, de su valía, de cualquier confiscación que con antelación se le hubiere comunicado y si se le notificó antiguamente alguna cesión o si la aceptó, con indicación del nombre del cesionario y la vencimiento de aquella, so pena de replicar por el correspondiente plazo, de todo lo cual se le prevendrá en el oficio de secuestro.


La notificación al deudor interrumpe el término para la prescripción del crédito, y si aquel no lo paga oportunamente, el sentenciador designará secuestre quien podrá aventajar proceso contencioso para tal intención. Si fuere hallado el título del crédito, se entregará al secuestre; en caso contrario, se le expedirán las copias que solicite para que inicie el proceso.


El confiscación del crédito de percepción sucesiva comprende los vencimientos posteriores a la plazo en que se decretó y los anteriores que no hubieren sido cancelados.


5. El de derechos o créditos que la persona contra quien se decrete el retención persiga o tenga en otro proceso se comunicará al sentenciador que conozca de él para los fines consiguientes, y se considerará perfeccionado desde la época de recibo de la comunicación en el respectivo despacho procesal.


6. El de acciones en sociedades anónimas o en comandita por acciones, bonos, certificados nominativos de depósito, unidades de fondos mutuos, títulos similares, enseres públicos nominativos y en normal títulos títulos a la orden, se comunicará al regente, administrador o liquidador de la respectiva sociedad o empresa emisora o al representante chupatintas de la entidad pública o a la entidad administradora, según sea el caso, para que tome nota de él, de lo cual deberá dar cuenta al auditoría adentro de los tres (3) días siguientes, so pena de incurrir en multa de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales. El bloqueo se considerará perfeccionado desde la plazo de recibo del oficio y a partir de esta no podrá aceptarse ni autorizarse transferencia ni tributo alguno.


El de acciones, títulos, bonos y mercadería públicos, títulos títulos y existencias negociables a la orden y al portador, se perfeccionará con la entrega del respectivo título al secuestre.


Los embargos previstos en este numeral se extienden a los dividendos, utilidades, intereses y demás beneficios que al derecho embargado correspondan, con los cuales deberá constituirse certificado de depósito a órdenes del tribunal, so pena de hacerse responsable de dichos títulos.


El secuestre podrá ir en cabeza el cobro procesal, exigir rendición de cuentas y promover cualesquiera otras medidas autorizadas por la ley con dicho fin.


7. El del interés de un socio en sociedad colectiva y de gestores de la en comandita, o de cuotas en una de responsabilidad limitada, o en cualquier otro tipo de sociedad, se comunicará a la autoridad encargada de la matrícula y registro de sociedades, la que no podrá registrar ninguna transferencia o carga de dicho interés, ni reforma de la sociedad que implique la exclusión del mencionado socio o la disminución de sus derechos en ella.


A este confiscación se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del numeral preliminar y se comunicará al representante de la sociedad en la forma establecida en el inciso primero del numeral 4, a objeto de que cumpla lo dispuesto en tal inciso.


8. Si el deudor o la persona contra quien se decreta el secuestro fuere socio comanditario, se comunicará al socio o socios gestores o al liquidador, según fuere el caso. El requisa se considerará perfeccionado desde la término de recibo del oficio.


9. El de salarios devengados o por devengar se comunicará al pagador o empleador en la forma indicada en el inciso primero del numeral 4 para que de las sumas respectivas retenga la proporción determinada por la ley y constituya certificado de depósito, previniéndole que de lo contrario replicará por dichos títulos.


Si no se hicieren las consignaciones el enjuiciador designará secuestre que deberá lograr el cobro contencioso, si fuere necesario.


10. El de sumas de boleto depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valía del crédito y las costas más un cincuenta por ciento (50%). Aquellos deberán constituir certificado del depósito y ponerlo a disposición del árbitro interiormente de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el bloqueo.


11. El de derechos proindiviso en ingresos muebles se comunicará a los otros copartícipes, advirtiéndoles que en todo lo relacionado con aquellos deben entenderse con el secuestre.


PARÁGRAFO 1o. En todos los casos en que se utilicen mensajes de datos los emisores dejarán constancia de su envío y los destinatarios, sean oficinas públicas o particulares, tendrán el deber de revisarlos diariamente y tramitarlos de guisa inmediata.


PARÁGRAFO 2o. La inobservancia de la orden impartida por el mediador, en todos los caso previstos en este artículo, hará incurrir al destinatario del oficio respectivo en multas sucesivas de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos mensuales.


ARTÍCULO 594. Haberes INEMBARGABLES. Además de los riqueza inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán confiscar:


1. Los capital, las rentas y bienes incorporados en el presupuesto caudillo de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema caudillo de participación, regalías y fortuna de la seguridad social.


2. Los depósitos de capital constituidos en los establecimientos de crédito, en el monto señraudo por la autoridad competente, menos para el suscripción de créditos alimentarios.


3. Los fondos de uso público y los destinados a un servicio público cuando este se preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden, o por medio de concesionario de estas; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje.


Cuando el servicio público lo presten particulares, podrán embargarse los posesiones destinados a él, así como los ingresos brutos que se produzca y el secuestro se practicará como el de empresas industriales.


4. Los fortuna municipales originados en transferencias de la Nación, ileso para el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en progreso de las mismas.


5. Las sumas que para la construcción de obras públicas se hayan anticipado o deben anticiparse por las entidades de derecho público a los contratistas de ellas, mientras no hubiere concluido su construcción, excepto cuando se trate de obligaciones en ayuda de los trabajadores de dichas obras, por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.


6. Los salarios y las prestaciones sociales en la proporción prevista en las leyes respectivas. La inembargabilidad no se extiende a los salarios y prestaciones legalmente enajenados.


7. Las condecoraciones y pergaminos recibidos por actos meritorios.


8. Los uniformes y equipos de los militares.


9. Los terrenos o lugares utilizados como cementerios o enterramientos.


10. Los fortuna destinados al culto religioso de cualquier confesión o iglesia que haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano.


11. El televisor, el radiodifusión, el computador personal o el equipo que haga sus veces, y los principios indispensables para la comunicación personal, los utensilios de cocina, la refrigerador y los demás muebles necesarios para la subsistencia del afectado y de su comunidad, o para el trabajo individual, fuera de que se trate del cobro del crédito otorgado para la adquisición del respectivo aceptablemente. Se exceptúan los ingresos suntuarios de parada valencia.


12. El combustible y los artículos alimenticios para el sostenimiento de la persona contra quien se decretó el secuestro y de su grupo durante un (1) mes, a criterio del mediador.


13. Los derechos personalísimos e intransferibles.


14. Los derechos de uso y habitación.


15. Las mercancías incorporadas en un título-valor que las represente, a menos que la medida comprenda la aprehensión del título.


16. Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales.


PARÁGRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de confiscación sobre medios inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de confiscación el fundamento reglamentario para su procedencia.


Recibida una orden de incautación que afecte fortuna de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento reglamentario para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de bloqueo, se podrá abstener de cumplir la orden jurídico o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los bienes. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil futuro a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos bienes ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse adentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la época de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción reglamentario a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.


En el evento de que la autoridad legal o administrativa insista en la medida de incautación, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los capital en una cuenta específico que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del incautación. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del judicatura, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene.


ARTÍCULO 595. SECUESTRO. Para el secuestro de intereses se aplicarán las siguientes reglas:


1. En el coche que lo decrete se señalará data y hora para la diligencia y se designará secuestre que deberá concurrir a ella, so pena de multa de diez (10) a vigésimo (20) salarios mínimos mensuales. Aunque no concurra el secuestre la diligencia se practicará si el interesado en la medida lo solicita para los fines del numeral 3.


2. Las partes, de común acuerdo, antaño o después de practicada la diligencia, podrán designar secuestre o disponer que los fondos sean dejados al ejecutado en calidad de secuestre, casos en los cuales el magistrado hará las prevenciones correspondientes.


3. Cuando se trate de inmueble ocupado exclusivamente para la vivienda de la persona contra quien se decretó la medida, el árbitro se lo dejará en calidad de secuestre y le hará las prevenciones del caso, exceptuado que el interesado en la medida solicite que se le entregue al secuestre designado por el árbitro.


4. La entrega de caudal al secuestre se hará previa relación de ellos en el memoria, con indicación del estado en que se encuentren.


5. Cuando se trate de derechos proindiviso en ingresos inmuebles, en la diligencia de secuestro se procederá como se dispone en el numeral 11 del artículo 593 .


6. Menos lo dispuesto en los numerales siguientes y en el artículo 51. el secuestre depositará inmediatamente los vehículos, máquinas, mercancías, muebles, enseres y demás posesiones en la bodega de que disponga y a desliz de esta en un almacén caudillo de depósito u otro sitio que ofrezca plena seguridad, de lo cual informará por escrito al árbitro al día próximo, y deberá tomar las medidas adecuadas para la conservación y mantenimiento. En cuanto a los vehículos de servicio público, se estará a lo estatuido en el numeral 9.


No obstante, cuando se trate de vehículos automotores, el funcionario que realice la diligencia de secuestro los entregará en depósito al merecedor, si este lo solicita y ha prestado, frente a el magistrado que conoce del proceso, caución que garantice la conservación e integridad del proporcionadamente. En este caso, el depósito será a título gratis.


7. Si se tráfico de semovientes o de fondos depositados en bodegas, se dejarán con las debidas seguridades en el empleo donde se encuentren hasta cuando el secuestre considere conveniente su traslado y este pueda ejecutar, en las condiciones ordinarias del mercado, las operaciones de saldo o explotación a que estuvieren destinados, procurando seguir el sistema de administración actual.


8. Cuando lo secuestrado sea un establecimiento de comercio, o una empresa industrial o minera u otra distinta, el ejecutor o administrador continuará en examen de sus funciones con calidad de secuestre y deberá rendir cuentas periódicamente en la forma que le señale el togado. Sin secuestro, a solicitud del interesado en la medida, el sentenciador entregará la administración del establecimiento al secuestre designado y el administrador continuará en el cargo bajo la dependencia de aquel, y no podrá ejecutar acto alguno sin su autorización, ni disponer de caudal o dineros.


Inmediatamente se hará inventario por el secuestre y las partes o personas que estas designen sin que sea necesaria la presencia del mediador, copia del cual, firmado por quienes intervengan, se unirá al expediente.


La maquinaria que esté en servicio se dejará en el mismo división, pero el secuestre podrá retirarla una vez decretado el remate, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la policía.


9. El secuestro de los fortuna destinados a un servicio público prestado por particulares se practicará en la forma indicada en el inciso primero del numeral previo.


10. El secuestro de cosechas pendientes o futuras se practicará en el inmueble, dejándolas a disposición del secuestre, quien adoptará las medidas conducentes para su administración, recolección y saldo en las condiciones ordinarias del mercado.


11. Cuando lo secuestrado sea mosca el árbitro ordenará constituir con él inmediatamente un certificado de depósito.


12. Cuando se trate de títulos de crédito, alhajas y en militar objetos preciosos, el secuestre los entregará en custodia a una entidad especializada, previa su completa especificación, de lo cual informará al árbitro al día venidero.


13. Cuando no se pueda practicar inmediatamente un secuestro o deba suspenderse, el magistrado o el comisionado podrá fijar con cerraduras los almacenes o habitaciones u otros locales donde se encuentren los haberes o documentos, colocar sellos que garanticen su conservación y solicitar vigilancia de la policía.


PARÁGRAFO. Cuando se trate del secuestro de vehículos automotores, el árbitro habilitará al respectivo inspector de tránsito para que realice la aprehensión y el secuestro del proporcionadamente.


ARTÍCULO 596. OPOSICIONES AL SECUESTRO. A las oposiciones al secuestro se aplicarán las siguientes reglas:


1. Situación del tenedor. Si al practicarse el secuestro los acervo se hallan en poder de quien alegue y demuestre título de tenedor con especificación de sus estipulaciones principales, aludido a la diligencia y procedente de la parte contra la cual se decretó la medida, esta se arrostrará a impresión sin perjudicar los derechos de aquel, a quien se prevendrá que en lo consecuente se entienda con el secuestre, que profesará los derechos de dicha parte con fundamento en el memoria respectiva que le servirá de título, mientras no se constituya uno nuevo.


2. Oposiciones. A las oposiciones se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en relación con la diligencia de entrega.


3. Persecución de derechos sobre el adecuadamente cuyo secuestro se levanta. Noble el secuestro de acervo muebles no sujetos a registro permanecerá insubsistente el secuestro. Si se manejo de intereses sujetos a aquel embargados en proceso de ejecución, internamente de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del coche propicio al enemigo, que naciente el secuestro, o se abstenga de practicarlo en razón de la oposición, podrá el interesado expresar que insiste en perseguir los derechos que tenga el demandado en ellos, caso en el cual se practicará el correspondiente avalúo; de lo contrario se erigirá el secuestro.


1. Si se pide por quien solicitó la medida, cuando no haya litisconsortes o terceristas; si los hubiere, por aquel y estos, y si se tratare de proceso de sucesión por todos los herederos reconocidos y el cónyuge o compañero permanente.


2. Si se desiste de la demanda que originó el proceso, en los mismos casos del numeral precursor.


3. Si el demandado presta caución para asegurar lo que se pretende, y el cuota de las costas.


4. Si se ordena la terminación del proceso ejecutor por la revocatoria del prescripción de cuota o por cualquier otra causa.


5. Si se absuelve al demandado en proceso declarativo, o este termina por cualquier otra causa.


6. Si el demandante en proceso declarativo no formula la solicitud de que manejo el inciso primero del artículo 306 adentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que contenga la condena.


7. Si se alcahuetería de confiscación sujeto a registro, cuando del certificado del registrador aparezca que la parte contra quien se profirió la medida no es la titular del dominio del respectivo perfectamente, sin perjuicio de lo establecido para la efectividad de la garantía hipotecaria o prendaria*.


8. Si un tercero poseedor que no estuvo presente en la diligencia de secuestro solicita al sentenciador del conocimiento, interiormente de los vigésimo (20) días siguientes a la práctica de la diligencia, si lo hizo el mediador de conocimiento o a la notificación del automóvil que ordena juntar el despacho comisorio, que se declare que tenía la posesión material del aceptablemente al tiempo en que aquella se practicó, y obtiene decisión conveniente. La solicitud se tramitará como incidente, en el cual el solicitante deberá probar su posesión.


También podrá promover el incidente el tercero poseedor que haya estado presente en la diligencia sin la representación de manager procesal, pero el término para hacerlo será de cinco (5) días.


Si el incidente se decide desfavorablemente a quien lo promueve, se impondrá a este una multa de cinco (5) a vigésimo (20) salarios mínimos mensuales.


9. Cuando exista otro bloqueo o secuestro preparatorio.


10. Cuando pasados cinco (5) años a partir de la inscripción de la medida, no se halle el expediente en que ella se decretó. Con este propósito, el respectivo togado fijará aviso en la secretaría del magistratura por el término de vigésimo (20) días, para que los interesados puedan practicar sus derechos. Vencido este plazo, el sentenciador resolverá lo pertinente.


En los casos de los numerales 1, 2, 9 y 10 para resolver la respectiva solicitud no será necesario que se haya notificado el coche admisorio de la demanda o el orden ejecutante.


Siempre que se naciente el secuestro o secuestro en los casos de los numerales 1, 2, 4, 5 y 8 del presente artículo, se condenará de oficio o a solicitud de parte en costas y perjuicios a quienes pidieron tal medida, indemne que las partes convengan otra cosa.


En todo momento cualquier interesado podrá pedir que se repita el oficio de cancelación de medidas cautelares.


11. Cuando el retención recaiga contra uno de los capital públicos señalados en el artículo 594. y este produzca insostenibilidad fiscal o presupuestal del entidad demandado, el Procurador Común de la Nación, el Ministro del respectivo ramo, el Corregidor, el Dirigente o el Director de la Agencia Franquista de Defensa Jurídica del Estado, podrán solicitar su sedición.


PARÁGRAFO. Lo previsto en los numerales 1, 2, 5, 7 y 10 de este artículo también se aplicará para encaramar la inscripción de la demanda.


ARTÍCULO 598. MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS DE Tribu. En los procesos de inútil de desposorio, divorcio, cesación de artículos civiles de enlace religioso, separación de cuerpos y de caudal, liquidación de sociedades conyugales, disolución y liquidación de sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes, se aplicarán las siguientes reglas:


1. Cualquiera de las partes podrá pedir confiscación y secuestro de los caudal que puedan ser objeto de gananciales y que estuvieran en comienzo de la otra.


2. El incautación y secuestro practicados en estos procesos no impedirán perfeccionar los que se decreten sobre los mismos posesiones en trámite de ejecución, antaño de concluir en firme la sentencia oportuno al demandante que en aquellos se dicte; con tal objeto, recibida la comunicación del nuevo requisa, simultáneamente con su inscripción, el registrador abolirá el previo e informará de inmediato y por escrito al mediador que adelanta el proceso de comunidad, quien, en caso de haberse practicado el secuestro, remitirá al magistratura donde se sigue el ejecutante copia de la diligencia a fin de que tenga objeto en este, y celebrará al secuestre para darle cuenta de lo sucedido. El remanente no embargado en otras ejecuciones y los capital que en estas se desembarguen, se considerarán embargados para los fines del asunto natural.


Ejecutoriada la sentencia que se dicte en los procesos nulo, divorcio, cesación de los existencias civiles del casamiento religioso, separación de cuerpos y de intereses, cesará la prelación, por lo que el enjuiciador lo comunicará de inmediato al registrador, para que se abstenga de inscribir nuevos embargos, aparte el hipotecario.


3. Las anteriores medidas se mantendrán hasta la ejecutoria de la sentencia; pero si a consecuencia de esta fuere necesario asolar la sociedad conyugal o patrimonial, continuarán vigentes en el proceso de liquidación.


Si interiormente de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que disuelva la sociedad conyugal o patrimonial, no se hubiere promovido la liquidación de esta, se erguirán aun de oficio las medidas cautelares.


4. Cualquiera de los cónyuges o compañeros permanentes podrá promover incidente con el propósito de que se levanten las medidas que afecten sus acervo propios.


5. Si el togado lo considera conveniente, también podrá adoptar, según el caso, las siguientes medidas:


a) Autorizar la residencia separada de los cónyuges, y si estos fueren menores, disponer el depósito en casa de sus padres o de sus parientes más próximos o en la de un tercero.


b) Dejar a los hijos al cuidado de uno de los cónyuges o de uno y otro, o de un tercero.


c) Señalar la cantidad con que cada cónyuge deba contribuir, según su capacidad económica, para gastos de habitación y sostenimiento del otro cónyuge y de los hijos comunes, y la educación de estos.


d) Decretar, en caso de que la mujer esté gestante, las medidas previstas por la ley para evitar suposición de parto.


e) Decretar, a petición de parte, el bloqueo y secuestro de los posesiones sociales y los propios, con el fin de respaldar el plazo de alimentos a que el cónyuge y los hijos tuvieren derecho, si fuere el caso.


f) A criterio del magistrado cualquier otra medida necesaria para evitar que se produzcan nuevos actos de violencia intrafamiliar o para hacer cesar sus enseres y, en universal, en los asuntos de comunidad, podrá realizar de oficio en la adopción de las medidas personales de protección que requiera la pareja, el niño, niña o adolescente, el discapacitado mental y la persona de la tercera tiempo; para tal fin, podrá decretar y practicar las pruebas que estime pertinentes, incluyendo las declaraciones del niño, niña o adolescente.


6. En el proceso de alimentos se decretará la medida cautelar prevista en el igual c) del numeral 5 y se dará aviso a las autoridades de emigración para que el demandado no pueda ausentarse del país sin prestar garantía suficiente que respalde el cumplimiento de la obligación hasta por dos (2) años.


MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS EJECUTIVOS.


ARTÍCULO 599. Retención Y SECUESTRO. Desde la presentación de la demanda el ejecutor podrá solicitar el bloqueo y secuestro de riqueza del ejecutado.


Cuando se ejecute por obligaciones de una persona fallecida, antiguamente de liquidarse la sucesión, sólo podrán embargarse y secuestrarse ingresos del causante.


El enjuiciador, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valencia de los caudal no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, exceptuado que se trate de un solo aceptablemente o de capital afectados por hipoteca o prenda* que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valía o su venalidad.


En el momento de practicar el secuestro el sentenciador deberá de oficio limitarlo en la forma indicada en el inciso mencionado, si el valía de los posesiones excede ostensiblemente del límite mencionado, o aparece de las facturas de operación, libros de contabilidad, certificados de catastro o recibos de suscripción de impuesto predial, o de otros documentos oficiales, siempre que se le exhiban tales pruebas en la diligencia.


En los procesos ejecutivos, el ejecutado que proponga excepciones de mérito o el tercer afectado con la medida cautelar, podrán solicitarle al togado que ordene al músico prestar caución hasta por el diez por ciento (10%) del valía contemporáneo de la ejecución para contestar por los perjuicios que se causen con su práctica, so pena de pronunciamiento. La caución deberá prestarse adentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del utilitario que la ordene. Contra la providencia preparatorio, no procede expediente de apelación. Para establecer el monto de la caución, el sentenciador deberá tener en cuenta la clase de riqueza sobre los que recae la medida cautelar practicada y la apariencia de buen derecho de las excepciones de mérito.


La caución a que se refiere el artículo susodicho, no procede cuando el autor sea una entidad financiera o vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o una entidad de derecho público.


Cuando se trate de caución expedida por compañía de seguros, su efectividad podrá reclamarse también por el asegurado o beneficiario directamente frente a la aseguradora, de acuerdo con las normas del Código de Comercio.


PARÁGRAFO. El ejecutado podrá solicitar que de la relación de acervo de su propiedad e ingresos, el árbitro ordene el bloqueo y secuestro de los que señale con el fin de evitar que se embarguen otros, indemne cuando el requisa se funde en garantía positivo. El magistrado, previo traslado al músico por dos (2) días, entrará a la solicitud siempre que sean suficientes, con sujeción a los criterios establecidos en los dos incisos anteriores.


ARTÍCULO 600. REDUCCIÓN DE EMBARGOS. En cualquier estado del proceso una vez consumados los embargos y secuestros, y ayer de que se fije plazo para remate, el sentenciador, a solicitud de parte o de oficio, cuando con fundamento en los documentos señalados en el cuarto inciso del artículo previo considere que las medidas cautelares son excesivas, requerirá al músico para que en el término de cinco (5) días, manifieste de cuáles de ellas prescinde o rinda las explicaciones a que haya oficio. Si el valía de alguno o algunos de los fortuna supera el doble del crédito, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, decretará el desembargo de los demás, a menos que estos sean objeto de hipoteca o prenda* que garantice el crédito cobrado, o se perjudique el valencia o la venalidad de los beneficios embargados.


Cuando exista retención de remanente el enjuiciador deberá poner los intereses desembargados a disposición del proceso en que haya sido decretado.


ARTÍCULO 601. SECUESTRO DE Riqueza SUJETOS A REGISTRO. El secuestro de intereses sujetos a registro sólo se practicará una vez se haya inscrito el secuestro. En todo caso, debe perfeccionarse antiguamente de que se ordene el remate; en el evento de levantarse el secuestro, se aplicará lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 596 .


El certificado del registrador no se exigirá cuando lo embargado fuere la explotación económica que el demandado tenga en terrenos baldíos, o la posesión sobre posesiones muebles o inmuebles.


ARTÍCULO 602. CONSIGNACIÓN PARA IMPEDIR O Fabricar EMBARGOS Y SECUESTROS. El ejecutado podrá evitar que se practiquen embargos y secuestros solicitados por el ejecutor o solicitar el sublevación de los practicados, si presta caución por el valía coetáneo de la ejecución aumentada en un cincuenta por ciento (50%).


Cuando existiere retención de remanente o los fortuna desembargados fueren perseguidos en otro proceso, deberán ponerse a disposición de este o del proceso en que se decretó aquel.


ARTÍCULO 603. CLASES, CUANTÍA Y OPORTUNIDAD PARA CONSTITUIRLAS. Las cauciones que ordena prestar la ley o este código pueden ser reales, bancarias u otorgadas por compañías de seguros, en moneda, títulos de deuda pública, certificados de depósito a término o títulos similares constituidos en instituciones financieras.


En la providencia que ordene prestar la caución se indicará su cuantía y el plazo en que debe constituirse, cuando la ley no las señale. Si no se presta oportunamente, el árbitro resolverá sobre los posesiones de la renuencia, de conformidad con lo dispuesto en este código.


Las cauciones en metálico deberán consignarse en la cuenta de depósitos judiciales del respectivo despacho.


Cualquier caución constituida podrá reemplazarse por monises o por otra que ofrezca igual o viejo efectividad.


ARTÍCULO 604. CALIFICACIÓN Y CANCELACIÓN. Prestada la caución, el sentenciador adscribirá su suficiencia y la aceptará o rehusará, para lo cual observará las siguientes reglas:


1. La caución hipotecaria se otorgará a auspicio del respectivo tribunal o tribunal y en el interior del término señligero para prestarla deberá presentarse un certificado del certificador sobre la plazo de la escritura de hipoteca, copia de la minuta de esta autenticada por el mismo funcionario, el título de propiedad del inmueble, un certificado de su tradición y sinceridad en un período de diez (10) años si fuere posible, y el certificado de avalúo catastral. Los notarios darán prelación a estas escrituras, y su copia registrada se presentará al sentenciador internamente de los seis (6) días siguientes al registro.


2. Cuando se trate de caución prendaria*, deberá acompañarse el certificado de la cotización de los fondos en la última operación que sobre ellos haya habido en una bolsa de títulos que funcione legalmente, o un avalúo.


Los fondos dados en prenda deberán entregarse al magistrado anejo con la solicitud para que se acepte la caución, si su naturaleza lo permite, y aquel ordenará el depósito en un establecimiento especializado; en los demás casos, en la misma solicitud se indicará el área donde se encuentren los posesiones para que se proceda al secuestro, que el mediador decretará y practicará inmediatamente, previa designación del secuestre y señalamiento de aniversario y hora para la diligencia; si en esta se presenta oposición y el togado la considera justificada, se prescindirá del secuestro.


3. Si la caución no reúne los anteriores requisitos, el magistrado desmentirá su aprobación y se tendrá por no constituida, y si se negociación de hipoteca procederá a su cancelación.


4. Excepto disposición justo en contrario, las cauciones se detenerán una vez extinguido el aventura que amparen, o cumplida la obligación que de él se derive, o consignado el valía de la caución a órdenes del árbitro.


SENTENCIAS Y LAUDOS PROFERIDOS EN EL Foráneo Y COMISIONES DE JUECES EXTRANJEROS.


SENTENCIAS Y LAUDOS.


ARTÍCULO 605. Artículos DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS. Las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia.


El exequátur de laudos arbitrales proferidos en el extranjero se someterá a las normas que regulan la materia.


ARTÍCULO 606. REQUISITOS. Para que la sentencia extranjera surta género en el país, deberá reunir los siguientes requisitos:


1. Que no hallarse sobre derechos reales constituidos en haberes que se encontraban en zona colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió.


2. Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento.


3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente legalizada.


4. Que el asunto sobre el cual recae, no sea de competencia monopolio de los jueces colombianos.


5. Que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto.


6. Que si se hubiere dictado en proceso contencioso, se haya cumplido el requisito de la debida citación y contradicción del demandado, conforme a la ley del país de origen, lo que se presume por la ejecutoria.


7. Que se cumpla el requisito del exequátur.


ARTÍCULO 607. TRÁMITE DEL EXEQUÁTUR. La demanda sobre exequátur de una sentencia extranjera, con el fin de que produzca enseres en Colombia, se presentará por el interesado a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Honestidad, ileso que conforme a los tratados internacionales corresponda a otro togado, y delante ella deberá citarse a la parte afectada por la sentencia, si hubiere sido dictado en proceso contencioso.


Cuando la sentencia o cualquier documento que se aporte no estén en castellano, se presentará con la copia del flamante su traducción en procesal forma.


Para el exequátur se tendrán en cuenta las siguientes reglas:


1. En la demanda deberán pedirse las pruebas que se consideren pertinentes.


2. La Corte recusará la demanda si faltare alguno de los requisitos exigidos en los numerales 1 a 4 del artículo precedente.


3. De la demanda se dará traslado a la parte afectada con la sentencia y al procurador delegado que corresponda en razón de la naturaleza del asunto, en la forma señalada en el artículo 91. por el término de cinco (5) días.


4. Vencido el traslado se decretarán las pruebas y se fijará audiencia para practicarlas, oír los alegatos de las partes y dictar la sentencia.


5. Si la Corte concede el exequátur y la sentencia extranjera requiere ejecución, conocerá de esta el árbitro competente conforme a las reglas generales.


PRÁCTICA DE PRUEBAS Y OTRAS DILIGENCIAS.


ARTÍCULO 608. PROCEDENCIA. Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales sobre cooperación contencioso, los jueces colombianos deberán diligenciar los exhortos sobre pruebas decretadas por funcionarios extranjeros del orden municipal o de tribunales de arbitramento, y las notificaciones, requerimientos y actos similares ordenados por aquellos, siempre que no se opongan a las leyes u otras disposiciones nacionales de orden público.


ARTÍCULO 609. COMPETENCIA Y TRÁMITE. De las comisiones a que se refiere el artículo precedente conocerán los jueces civiles del circuito del oficio en que deban cumplirse, a menos que conforme a los tratados internacionales correspondan a otro togado.


Las comisiones se ordenarán cumplir siempre que el exhorto se halle debidamente autenticado. Si este no estuviere en castellano, el árbitro dispondrá su previa traducción a costa del interesado.


Si el exhorto reúne los requisitos indicados, se dará traslado al Ocupación Público por tres (3) días para que emita concepto, vencidos los cuales se resolverá lo pertinente.


Surtida la diligencia, se devolverá el exhorto a la autoridad extranjera comitente, por conducto del Tarea de Relaciones Exteriores. De la misma forma se procederá cuando la comisión no haya podido cumplirse.


DISPOSICIONES RELATIVAS A LA AGENCIA Doméstico DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.


ARTÍCULO 610. INTERVENCIÓN DE LA AGENCIA Franquista DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO. En los procesos que se tramiten delante cualquier jurisdicción, la Agencia Doméstico de Defensa Jurídica del Estado, podrá interpretar en cualquier estado del proceso, en los siguientes eventos:


1. Como interviniente, en los asuntos donde sea parte una entidad pública o donde se considere necesario defender los intereses patrimoniales del Estado.


2. Como apoderada jurídico de entidades públicas, facultada, incluso, para demandar.


PARÁGRAFO 1o. Cuando la Agencia Doméstico de Defensa Jurídica del Estado actúe como interviniente, tendrá las mismas facultades atribuidas legalmente a la entidad o entidades públicas vinculadas como parte en el respectivo proceso y en peculiar, las siguientes:


a) Proponer excepciones previas y de mérito, coadyuvar u oponerse a la demanda.


b) Aportar y solicitar la práctica de pruebas e intervenir en su práctica.


c) Interponer medios ordinarios y extraordinarios.


d) Apelar las providencias que aprueben acuerdos conciliatorios o que terminen el proceso por cualquier causa.


e) Solicitar la práctica de medidas cautelares o solicitar el sedición de las mismas, sin pobreza de prestar caución.


f) Citar en garantía.


PARÁGRAFO 2o. Cuando la Agencia Doméstico de Defensa Jurídica del Estado obre como apoderada legal de una entidad pública, esta le otorgará poder a aquella.


La actuación de la Agencia Doméstico de Defensa Jurídica del Estado, en todos los eventos, se ejercitará a través del abogado o abogados que designe bajo las reglas del otorgamiento de poderes.


PARÁGRAFO 3o. La Agencia Franquista de Defensa Jurídica del Estado podrá interponer acciones de tutela en representación de las entidades públicas.


Así mismo, en toda tutela, la Agencia Doméstico de Defensa Jurídica del Estado podrá solicitarle a la Corte Constitucional la revisión de que prostitución el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 .


ARTÍCULO 611. SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR INTERVENCIÓN DE LA AGENCIA Doméstico DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO. Los procesos que se tramiten delante cualquier jurisdicción, se suspenderán por el término de treinta (30) días cuando la Agencia Franquista de Defensa del Estado manifieste su intención de intervenir en el proceso, mediante escrito presentado frente a el sentenciador de conocimiento. La suspensión tendrá artículos automáticos para todas las partes desde el momento en que se radique el respectivo escrito. Esta suspensión sólo negociará en los eventos en que la Agencia Doméstico de Defensa Jurídica del Estado no haya actuado en el proceso y siempre y cuando este se encuentre en etapa posterior al vencimiento del término de traslado de la demanda.


ARTÍCULO 612. Modifíquese el Artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, el cual decidirá así:


Artículo 199. Notificación personal del coche admisorio y del ordenanza de suscripción a entidades públicas, al Profesión Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a particulares que deban estar inscritos en el registro mercantil. El coche admisorio de la demanda y el prescripción de cuota contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones propias del Estado se deben comunicar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la maña de tomar notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso, y al Profesión Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código.


De esta misma forma se deberá comunicar el utilitario admisorio de la demanda a los particulares inscritos en el registro mercantil en la dirección electrónica por ellos dispuesta para aceptar notificaciones judiciales.


El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia de la providencia a comunicar y de la demanda.


Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione notificación de recibo o se pueda por otro medio constatar el ataque del destinatario al mensaje. El secretario hará constar este hecho en el expediente.


En este evento, las copias de la demanda y de sus anexos mantenerseán en la secretaría a disposición del notificado y el traslado o los términos que conceda el automóvil notificado, sólo comenzarán a pasar al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación. Deberá remitirse de guisa inmediata y a través del servicio postal competente, copia de la demanda, de sus anexos y del automóvil admisorio, sin perjuicio de las copias que deban permanecer en el expediente a su disposición de conformidad con lo establecido en este inciso.


En los procesos que se tramiten en presencia de cualquier jurisdicción en donde sea demandada una entidad pública, deberá notificarse también a la Agencia Franquista de Defensa Jurídica del Estado, en los mismos términos y para los mismos mercadería previstos en este artículo. En este evento se aplicará también lo dispuesto en el inciso antedicho.


La notificación de la Agencia Franquista de Defensa Jurídica del Estado se hará en los términos establecidos y con la remisión de los documentos a que se refiere este artículo para la parte demandada.


ARTÍCULO 613. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN LOS ASUNTOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS. Cuando se solicite conciliación extrajudicial, el peticionario deberá acreditar la entrega de copia a la Agencia Franquista de Defensa Jurídica de la Nación, en los mismos términos previstos para el convocado, con el fin de que la Agencia Franquista de Defensa Jurídica del Estado resuelva sobre su intervención o no en el Comité de Conciliación de la entidad convocada, así como en la audiencia de conciliación correspondiente.


No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como siquiera en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública.


Las entidades públicas en los procesos declarativos que se tramitan delante la jurisdicción de lo contencioso burócrata contra particulares, podrán solicitar las medidas cautelares previstas para los procesos declarativos en el Código Caudillo del Proceso.


ARTÍCULO 614. EXTENSIÓN DE LA Legislación. Con el objeto de resolver las peticiones de extensión de la legislación a que se refieren los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, las entidades públicas deberán solicitar concepto previo a la Agencia Franquista de Defensa Jurídica del Estado. En el término de diez (10) días, la Agencia informará a la entidad pública respectiva, su intención de rendir concepto. La emisión del concepto por parte de la Agencia Doméstico de Defensa Jurídica del Estado se deberá producir en un término máximo de vigésimo (20) días.


El término a que se refiere el inciso 4o del numeral 3 del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, abrirá a pasar al día venidero de recibido el concepto de la Agencia Franquista de Defensa Jurídica del Estado o del vencimiento del término a que se refiere el inciso susodicho, lo que ocurra primero.


ARTÍCULO 615. Modifíquese el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, el cual acordará así:


“Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Funcionario conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los medios de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un sensación diferente del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de derecho.


El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Funcionario, conocerá de las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación, que se podrá disponer excepcionalmente cuando en el sitio en donde se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de jurisprudencia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes.


Adicionalmente, podrá ordenarse el cambio de radicación cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.


PARÁGRAFO. En todas las jurisdicciones las solicitudes de cambio de radicación podrán ser formuladas por la Agencia Doméstico de Defensa Jurídica del Estado”.


ARTÍCULO 616. Modifíquese el inciso 2o del artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, el cual citarseá así:


“Del escrito se dará traslado a la administración demandada y a la Agencia Doméstico de Defensa Jurídica del Estado por el término común de treinta (30) días para que aporten las pruebas que consideren. La administración y la Agencia Doméstico de Defensa Jurídica del Estado podrán oponerse por las mismas razones a las que se refiere el artículo 102 de este código”.


Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.©
"Leyes desde 1992 – Vigencia Expresa y Sentencias de Constitucionalidad"
ISSN [1657-6241 (En linea)]
Última actualización: 30 de diciembre de 2016
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