La vía de ejecución para deudas de seguridad social

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La vía de ejecución para deudas de seguridad social


Vimos hace unos días la posibilidad que tiene el contribuyente de solicitar el aplazamiento de sus deudas de seguridad social, hasta el momento de su vencimiento.


Pero, ¿qué sucede si pasado el vencimiento no solicitó el aplazamiento y no tiene peculio para afrontar el suscripción?


La Agencia Tributaria tiene el derecho de iniciar un procedimiento para obtener el cobro por vía de ejecución, de las cuotas y demás bienes del Sistema de la Seguridad Social.


Veremos aquí los pasos que dará Hacienda hasta obtener el cobro, utilizando el mencionado procedimiento. Si acertadamente el mismo es espacioso, debemos ser conscientes a qué tenemos que atenernos, una vez que dejamos de cumplir con el ingreso de las cargas sociales a su vencimiento.


Este procedimiento de colecta en vía ejecutiva es exclusivamente oficial. siendo competente para entender del mismo y resolver todas sus incidencias la Gestión Común de la Seguridad Social, en su condición de titular de la función recaudatoria en el Sistema de la Seguridad Social.


El procedimiento de cobro en vía ejecutiva se inicia automáticamente una vez transcurrido el período voluntario de plazo sin que se hubiese satisfecho la deuda y con independencia del petición contencioso – oficial que los interesados puedan formular.


Este procedimiento se impulsa de oficio en todos sus trámites y una vez iniciado sólo se puede suspender en los siguientes casos:


– Por resolución por la que se concede aplazamiento de la deuda.


– Por la formulación de un procedimiento, si a la vez se garantiza la deuda con aval suficiente o se consigna su valor, incluidos, en su caso los intereses correspondientes, así como el recargo de urgencia y el 3% del principal y recargo e intereses como cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente establecidas.


Providencia de apuro:


Así, una vez iniciada la vía ejecutiva, se expedirá la providencia de acuciamiento, mediante la cual se despachará la ejecución contra el patrimonio del deudor.


La providencia de perentoriedad contendrá relato expresa a la deuda irresoluto de ingreso en el título ejecutante correspondiente y en ella se advertirá al deudor que de no efectuar el suscripción de la misma en el plazo de 15 días. se procederá al retención de sus acervo en cantidad asaz para el cuota de la deuda por principal, recargo, intereses de aplazamiento devengados, en su caso, y costas del procedimiento.


Los intereses de dilación devengados hasta el plazo de la deuda, serán exigibles transcurridos 15 días, desde la notificación de la providencia de necesidad.


Respecto del devengo de intereses, hay dos momentos a distinguir. Uno por los intereses del principal de la deuda que se devengan desde que finaliza el cuota reglamentario del ingreso. Y por otro costado, los intereses de recargo que se devengan a partir de los 15 días siguientes a la notificación de la providencia de perentoriedad.


En la Providencia de apuro, se dejará constancia que será admisible medio de cruz solo por los siguientes motivos:


– Plazo
– Prescripción
– Error material o aritmético en la determinación de la deuda
– Condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento
– Desliz de notificación de la petición de la deuda, cuando ésta proceda, del relación de ganga o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.


La interposición de petición suspenderá el procedimiento de perentoriedad, sin penuria de la presentación de señal, hasta la notificación de la resolución del mismo.


Cuando no haya recaído resolución expresa en el plazo de 3 meses, podrá entenderse desestimado el arbitrio formulado. en la forma y con los posesiones previstos en los art. 43 y 44 de la Ley 30/1992.


Todos sabemos que presentación a esta instancia, sino tenemos una coartada para impugnarla, debemos afrontar por otra parte del plazo de la deuda principal, los intereses y las costas. Pero ¿Qué son las costas?


Se considerarán costas y estarán a cargo del apremiado, los siguientes gastos:


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1. Los de investigación y averiguación de los nociones que integran el patrimonio del deudor.
2. Los derechos de peritos y demás honorarios que deban realizarse a personas que intervengan en el procedimiento, como los devengados con ocasión de valoraciones y enajenaciones de los fondos embargados.
3. Las tasas y derechos arancelarios que deban abonarse por la expedición de copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse para la adecuada tramitación del procedimiento, a excepción de que se aporten por registros y protocolos que los faciliten de forma gratuita.
4. Los producidos por el depósito y establecimiento, en su caso, de los caudal embargados, incluyendo el desmontaje, embalaje, acondicionamiento, transporte, almacenamiento, custodia, entretenimiento y conservación.
5. Aquellos otros gastos imprescindibles para la ejecución, previa autorización de la Dirección Provincial de la Intendencia Caudillo de la Seguridad Social competente.


La Dispositivo de Cuestación Ejecutiva podrá obtener información sobre los intereses del deudor de Registros Públicos, Entidades o personas públicas o privadas y del propio obligado al plazo, así como cualquier otra que pueda obtenerse mediante indagación por los medios que estime adecuados.


Sin perjuicio de lo precedente, el deudor apremiado, a requerimiento del Colector Ejecutor, efectuará manifestación sobre sus fondos y derechos, con la precisión necesaria para certificar sus responsabilidades.


Si el deudor incumpliese este deber, no podrá estimarse como causa de impugnación del procedimiento de perentoriedad la preterición o alboroto del orden de prelación a observar en el retención de beneficios.


Los acervo embargados seguirán depositados en los lugares o entidades en que se encuentren al ser trabados si, a sensatez del cobrador ejecutor de la Seguridad Social, ofrecen garantías de seguridad y solvencia.


Los haberes embargados se valorarán con relato a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración.


El valía para la valoración servirá como tipo para la subasta o concurso, minorando del mismo las cargas o gravámenes de carácter vivo preferentes y anteriores al derecho de la Dirección Genérico de la Seguridad Social, de haberlas.


Una vez efectuada la valoración, se procederá a la enajenación de los capital de un mismo deudor, lo que se llevará a huella mediante subasta pública o concurso.


Los capital serán entregados al comprador una vez haya sido hecho efectivo el valía concertado.


El procedimiento de apresuramiento finaliza cuando resultan solventadas las deudas perseguidas. incluidos principal, recargo, intereses en su caso y costas.


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